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LIBRO LA CONSTRUCCION DEL ESTADO EN ESPANA PDF GRATIS

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Autor de la obra

Juan Pro

Este autor, JUAN PRO , es reconocido dentro de esta rama sobre todo porque tiene más de un libro por los que es reconocido a nivel nacional, pero asimismo fuera de nuestras fronteras.

Es un gran conocedor de la temática, por eso entre los géneros literarios que normalmente acostumbra escribir está/n 2019 HISTORIA .

¿A qué categoría/s pertenece esta obra?

Esta obra puede clasificarse en cantidad de categorías, pero una de las más esencial es:
2019 HISTORIA

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Resumen de LA CONSTRUCCION DEL ESTADO EN ESPANA

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El Estado es un fenomeno caracteristico de la Edad Contemporanea: aparece en el siglo XIX como resultado de la Revolucion liberal, y sustituye a la Monarquia del Antiguo Regimen. Se trataba de superar la tradicion monarquica de mantener el orden para hacer realidad la ambicion revolucionaria de transformar el pais: la Administracion publica fue el instrumento ideado para que la accion de gobierno llegara hasta los ultimos rincones del territorio, impulsando el progreso en las mas diversas actividades de una sociedad que se concebia como “nacion”.

Más información sobre el libro

Puedes encontrar más para descargar juan pro ruiz

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Resumen del libro

La Fundacion Alfonso Martin Escudero viene desarrollando una actividad de apoyo a la elaboracion y publicacion de libros sobre aspectos historicos, culturales y economicos relacionados con las instituciones del Reino de Espana. De ello son ejemplo, entre otras obras, las de Gabriel Tortella, Alejandro Nieto, Francisco Sosa Wagner, Enrique Orduna, Roberto Blanco Valdes, asi como otros de ensayo politico como el de Ignacio Astarloa o Juan Linz 1 . A esta coleccion se une este trabajo del profesor Juan Pro sobre la construccion del Estado espanol, que le invite a escribir, sorprendido y admirado por su excelente biografia de Bravo Murillo, uno de los politicos que mas decisivamente coadyuvaron a la construccion del Estado liberal a imagen y semejanza del centralizado Estado frances. Como administrativista, mas atento a la creacion, evolucion y fracaso de las instituciones y tecnicas de organizacion de los organismos publicos que a las luchas politicas que, basicamente, ocupan a los historiadores academicos, no gastare el tiempo en elogios sobre el autor de este libro, que no los necesita, dada su ya muy solida posicion en la historiografia espanola, ni en subrayar los muchos aciertos de esta nueva aportacion. Mas bien aprovechare para hacer algunas consideraciones --pensando mas en los juristas que en los historiadores academicos, a los que estos temas aburren mas que interesan-- sobre algunos aspectos sobresalientes del proceso de construccion del Estado espanol y las consecuencias que ahora estamos viviendo y sufriendo como consecuencia del cambio de modelo a un Estado caoticamente descentralizado, como diremos, instaurado por la Constitucion de 1978. Los rasgos esenciales de nuestro modelo de Estado a finales del siglo XIX, como pone de manifiesto esta obra, eran ya los siguientes: un poder ejecutivo centralizado con claro dominio del Estado sobre municipios y provincias; predominio del poder ejecutivo sobre el poder judicial, desprovisto de competencias para juzgar a la Administracion publica y a los servidores publicos; la gestion de los servicios publicos por burocracias seleccionadas en funcion del merito y capacidad, servicios antes en manos de empleados <> por la clase politica; y, en fin, la nacionalizacion de la Iglesia y su conversion en un servicio publico estatal tras el Concordato de 1851, que, a diferencia de Francia, nos convirtio en un Estado confesional. Como si fuera un edificio, los estados modernos se cimientan en un documento constitucional que describe las lineas maestras de su construccion. A este proposito el autor disiente de los que atribuyen este merito unicamente a la tan ensalzada Constitucion de 1812, al senalar muy acertadamente que la Espana actual, que conmemoro con alegria las Cortes de Cadiz y la Constitucion de 1812 con motivo de su bicentenario, se ve como heredera de aquellos acontecimientos, cuyo patriotismo esta fuera de duda, ignorando que el Estado posterior, el que realmente se construyo en Espana, respondia a un modelo claramente distinto del que se esbozo en Cadiz. Respondia a un modelo posrevolucionario cuyo precedente inmediato era el proyecto afrancesado de 1808. La distorsion es consecuencia del nacionalismo historiografico, comprensible, pero infundado. Hay que decir con toda claridad que el Estado espanol contemporaneo es tan heredero del modelo afrancesado de 1808 como lo pueda ser del modelo gaditano de 1812, si no mas. Y es que el prejuicio nacionalista no puede ocultar los muchos aspectos apreciables que tenia aquel texto. No solo implantaba una primera monarquia constitucional ligada al cambio de dinastia, sino que con ello abria la posibilidad de un Estado de derecho, se asentaban una serie de libertades esenciales (especialmente la libertad de prensa), se creaban unas Cortes electivas, se afirmaba la igualdad ante la ley, se uniformizaba el territorio nacional y se ponian las bases para unificar el mercado nacional, la moneda, los impuestos, los codigos legales. Por encima de todo, la Constitucion de Bayona reflejaba un sentido de Estado muy claro, llamado a hacerse realidad con el desarrollo de una Administracion centralizada y capaz de actuar eficazmente en todo el territorio; algo que acabaria marcando el camino por el que se construiria efectivamente el Estado espanol anos despues, pero que en aquel momento no se pudo llevar a cabo por la situacion de guerra y por el hecho de que la misma fuera finalmente desfavorable para la dinastia Bonaparte. Una diferencia notable entre una y otra constitucion es, sin embargo, la forma de entender la division de poderes, que no es univoca como algunos simples suponen, sino diversa, con diferencias sustanciales, como historicamente esta acreditado.

Asi, en la Constitucion de Bayona estan explicitas tanto la configuracion del poder judicial como poder para juzgar a los particulares como su impotencia para enjuiciar los pleitos en que era parte la Administracion o encausar a los servidores publicos. Pieza clave a estos efectos era el modelo previsto en aquella de Consejo de Estado, con competencias para dirimir los conflictos entre la Administracion y los particulares y para otorgar autorizacion previa para iniciar procesos contra aquellos. Un entendimiento de la separacion de poderes con dominio del poder ejecutivo que impuso sin contemplaciones la Ley de la Asamblea Constituyente francesa de 16-24 de agosto de 1790, la cual entendio las relaciones entre el poder judicial y el poder ejecutivo como prohibicion absoluta a los jueces de interferir y conocer de los actos y las actuaciones administrativas: les fonctions judicaires sont et demeureront toujours separees des fonctions administratives. Les juges ne pourront, a peine de fourfaiture, troubler de quelque maniere que se soit operations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raisson de leur fonctions. El Codigo Penal de 1791 da al principio nada menos que la garantia penal, al tipificar como delito la inmision de los jueces en la accion administrativa. El sistema paso a la Constitucion de 1791 (Tit. III, Cap. Y, Art. 3.o) y de aqui a las constituciones posteriores, recibiendo su cuno definitivo en la napoleonica del ano VIII. La radical descalificacion de los jueces que este solido principio constitucional refleja trae causa, como es conocido, del abusivo comportamiento de los famosos Parlamentos Judiciales del Ancien Regime. Frente a la liberacion, al modo frances, del poder ejecutivo con respecto al poder judicial, manifiesta en la Constitucion de Bayona (Articulo 58.-<>), la Constitucion de Cadiz deja sin resolver esta fundamental cuestion de las relaciones entre el poder judicial y el ejecutivo y la forma de solucionar los conflictos. El Consejo de Estado gaditano nada tiene que ver con el modelo de Consejo de Estado frances presente en Bayona, de modo que habra que esperar a la Constitucion de los moderados de 1845 y a la posterior Ley de creacion del Consejo Real, despues Consejo de Estado, para la recuperacion de un modelo a la francesa --como el ya presente en Bayona-- que libere a la Administracion y sus servidores de los jueces y tribunales. Como dice el autor: <
Era la herencia de la obra revolucionaria de 1790, pasada por el tamiz de las reformas napoleonicas cuando empezo a instalarse en Espana en los anos treinta y cuarenta del siglo XIX.>> Y, en consecuencia, anadimos, habra que esperar a la Ley franquista de la Jurisdiccion Contencioso-administrativa de 1956 y a la Constitucion de 1978 para que el poder judicial recupere su plena jurisdiccion para enjuiciar sin condicionantes la actividad de la Administracion y encausar a los servidores publicos. Para valorar el cambio producido baste contemplar el espectaculo de la actual lucha contra la corrupcion publica, en la que lo realmente sorprendente y novedoso no es tanto la grave corrupcion que padecemos como la forma en que sus presuntos responsables son investigados (y, en algunos casos condenados) por jueces y fiscales, asistidos por una vanguardia de excelentes funcionarios de la Policia Nacional y la Guardia Civil, dependientes organicamente del propio poder ejecutivo investigado. .

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